La intolerancia religiosa que se vive en algunas zonas de México, especialmente en el estado de Chiapas, sigue cobrándose víctimas de manera continua y brutal. En los últimos años muchos evangélicos han sido agredidos, han sufrido la destrucción de sus viviendas o la expulsión de sus comunidades, e incluso han sido asesinados o las mujeres violadas. El último incidente grave, registrado el pasado 26 de junio en Nachig, ha generado una denuncia formal ante la ONU.
La localidad de Nachig se ha convertido en un centro de intolerancia religiosa. Allí, desde el año 2009, los evangélicos son privados de los servicios de luz, agua y teléfono “por no querer aceptar cooperaciones y cargos religiosos que atentan contra sus principios y libertades, garantizadas por la Constitución”, según informaron los propios afectados.
Las personas evangélicas de Nachig ya han sufrido agresiones físicas, la quema de sus vehículos y de un templo, así como la expulsión de la comunidad con la complicidad de las autoridades locales. La intervención gubernamental se ha limitado a la inauguración de una mesa de negociaciones para el diálogo, con lo que sólo se ha logrado que algunos cristianos puedan regresar a sus hogares, “condicionados, sin poder profesar su fe libremente”.
Esto es lo que expresa un documento dado a conocer por los evangélicos de Nachig, quienes también han denunciado que el pasado 26 de junio fueron brutalmente agredidos en ocasión de encontrarse muchos de ellos en un acto político al que habían sido invitados por representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
INTENTO DE ASESINATO MASIVO
“Esta vez tenían la intención de quitarnos la vida”, dijeron. En efecto, al terminar el acto en el que hizo su propuesta el candidato a la presidencia municipal de Zinacantan, un grupo de personas encabezados por los caciques y líderes comunitarios, todos ellos seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se lanzaron al ataque con piedras, palos, ánforas de gasolina y armas de fuego, incendiando 52 vehículos y 11 casas.
“Si no hubiese sido por la intervención de la Policía, estos individuos hubieran quemado una vivienda con 80 personas dentro, hombres, mujeres y niños”, expresaron los agredidos.
“Hasta ahora no se ha castigado a los culpables –quienes están perfectamente individualizados- pero sí el gobierno tiene detenidos a nuestros hermanos que antes fueron víctimas y ahora por arte de magia han pasado a ser probables culpables”, denunciaron.
“No estamos de acuerdo en seguir soportando la impunidad que se vive en nuestro estado al no aplicarse el estado de derecho por parte de este gobierno”, afirman los damnificados, agregando que por eso alzan su voz denunciando ante la sociedad civil y organismos internacionales “las violaciones de derechos humanos que viven muchos de nuestros hermanos en la fe, simplemente por ser evangélicos”.
El documento menciona asimismo los nombres de los culpables de las últimas agresiones registradas en Nachig.
PETICIÓN A LA ONU
Fechada el 27 de julio de 2010 en San Cristóbal de las Casas, un grupo de desplazados a raíz de los hechos violentos registrados en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantan, Chiapas, firmó una nota para ser presentada ante la ONU. Identificándose como “refugiados evangélicos”, José Sánchez Pérez, Mariano Ramiro Sánchez de la Cruz, José Pérez de la Cruz, Manuel Gómez Pérez, Mariano Pérez Gómez, Mariano Pérez de la Cruz, Clever Salazar Mendiguchia y Sergio Nataren Gutierrez, solicitan la intervención directa del organismo internacional para analizar la situación que como comunidad cristiana están viviendo.
Los firmantes expresan la necesidad de ser reconocidos como refugiados y de recibir ayuda como tales, ya que constituyen un grupo de 500 personas carentes de alimentos y atención médica. “Nos encontramos en la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz, en la Colonia San Antonio del Monte, Municipio de Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde el pasado 26 de junio del presente año. Estamos sufriendo hambre, hay muchos niños enfermos y con problemas de desnutrición, también adultos enfermos, con lesiones y quemaduras”, expresa el documento.
Los firmantes solicitan que se aplique el estado de derecho (justicia) a los agresores, que se garantice a los evangélicos los derechos constitucionales, que se les dé seguridad en la comunidad, y asimismo la reparación de los daños que ocasionaron los agresores (55 vehículos quemados y 11 casas destruidas y quemadas).
DESTERRADOS
En el punto siguiente, el documento expresa el deseo del grupo de regresar a su comunidad de forma inmediata y con el cumplimiento de las medidas mencionadas en el punto anterior, “ya que llevamos un mes fuera de nuestro domicilio, sin que el gobierno nos dé una solución”. Afirman que el gobernador se ha negado a recibirlos y que además el grupo agresor está condicionando el retorno, pidiendo al gobierno que impida el regreso de determinadas personas.
Los firmantes exigen la inmediata puesta en libertad de 5 personas que fueron detenidas en ocasión de los incidentes de Nachig, siendo que se trata de víctimas que fueron rescatadas de sus propias viviendas en llamas. “Primero son víctimas y luego pasan a ser responsables de sus propios daños”, puntualiza el texto. “Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos requieren que toda persona sea juzgada en un plazo razonable o sea puesta en libertad”, concluye.
DONDE EL EVANGELIO CRECE
El periodista mexicano Oscar Moha ha denunciado -refiriéndose a casos que tiene documentados- que incluso se han cometido abusos sexuales en contra de mujeres cristianas y que muchos campesinos evangélicos han sido borrados de planes solidarios ofrecidos por el gobierno.
Por más que la Constitución de México garantiza la libertad religiosa, el Estado no vela por el cumplimiento de esta legislación y otorga privilegios a los católicos. “En las regiones del país con predominio indígena, donde ha crecido muchísimo el evangelio, es donde más se producen hechos delictivos. Cuando llega el evangelio y trasforma la vida de estas personas indígenas, se ven vulnerados los privilegios de los caciques…”, ha explicado el periodista Oscar Moha a Protestante Digital en una entrevista vía telefónica con la capital mexicana.
La gente que llega al conocimiento del evangelio, deja de consumir alcohol y deja de participar y apoyar económicamente las ceremonias tradicionales, lo cual mina el poder político, social y económico de los caciques que generalmente están relacionados con la Iglesia Católica, que hace oídos sordos y mira hacia otro lado; incluso “ha habido casos en que los mismos sacerdotes animan al pueblo a agredir a los evangélicos cuando ven que están perdiendo dominio sobre estas personas, y en algunos casos promueven su expulsión de las comunidades”, ha dicho el periodista.
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